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 MONTEVIDEO (AFP) — Uruguay se convirtió este jueves en el primer país de América Latina en legalizar la unión civil de parejas homosexuales, tras la promulgación por parte del presidente Tabaré Vázquez de una ley que consagra las uniones concubinarias de distinto o igual sexo.

La normativa refrendada por el mandatario en consejo de ministros garantiza derechos y obligaciones para las parejas heterosexuales y homosexuales que convivan más de cinco años sin interrupciones, como la asistencia recíproca, creación de sociedad de bienes, derechos sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras disposiciones vinculadas a la seguridad social.

Esta ley entrará en vigor durante la primera semana de 2008 con alcance nacional. La iniciativa contempla la apertura de un registro donde podrán inscribirse parejas de cualquier género, al amparo de derechos similares a los que derivan del matrimonio entre heterosexuales.

El diputado oficialista Diego Cánepa, redactor del proyecto original, destacó a la AFP que la nueva ley "profundiza la democracia, protege la diversidad de opciones y deja de lado la discriminación existente en materia legislativa que amparaba determinadas preferencias".

"Algo tan íntimo como elegir con quién vivir, generar una comunidad y compartir aspectos de la vida privada es un paso trascendente en la incesante búsqueda de la libertad del ciudadano", subrayó el legislador.

Camino a su aprobación, la propuesta transitó por intensos debates en las cámaras de Diputados y Senadores hasta ser refrendada finalmente con los votos de la coalición de izquierda en el poder, Frente Amplio, que cuenta con la mayoría parlamentaria.

El texto define la unión concubinaria como "la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente sin estar unidas en matrimonio".

María Paz, activista del Colectivo Oveja Negra que trabaja en defensa de la diversidad de género de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, calificó la aprobación de la norma como "el primer paso en el reconocimiento de uno de nuestros derechos" y atribuyó la misma a "la sensatez de algunos legisladores". Aunque reconoció que "el ideal sigue siendo el casamiento" y consideró "demasiado extenso" el periodo de cinco años requerido para legalizar el vínculo.

Por su parte, el secretario de la Conferencia Episcopal de Uruguay, Luis del Castillo, observó que "dar amparo jurídico a un contrato entre dos personas no justifica asimilarlo al matrimonio, porque le estaríamos haciendo daño a la base de la familia".